miércoles, 6 de abril de 2011




PUCHUNCAVÍ Y EL INEXISTENTE ESTADO DE DERECHO.

M Josefina Correa Pérez.



Hace algunos meses había comenzado ha escribir una entrada de blog. El tema nuevamente Campiche, no explicaré específicamente el porqué no quise continuar aquellas líneas, pues era una mezcla de hastío, rabia, desilusión... si, talvez todos sentimientos muy subjetivos, muy alejados a la ciencia, muy distantes a la objetividad, talvez muy humanos, proveniente de aquella humanidad negada por el hombre moderno, pisoteada y manoseada por carecer de lógica de método, en fin, transcribo acá el párrafo con el que comenzaba una columna que había titulado como “Campiche y el esquizofrénico Estado de Derecho”.
Es probable que el título que antecede estas líneas signifiquen, para un número considerable de personas, una provocación desde aquella vereda “ambientalista” (o hippie de m....), que refleja la mirada alarmista respecto al desenvolvimiento de los conflictos ambientales. Sin embargo, para quienes han luchado por restablecer el derecho a la dignidad del habitar humano que merecen las comunidades cercanas al parque industrial Ventanas, la termoeléctrica CAMPICHE da cuenta de un formidable caso en el que el actuar del Estado se “caracteriza por una disociación específica de las funciones psíquicas, que conduce, en los casos graves, a una demencia incurable”. Guardando las proporciones y teniendo presente que el Estado no tiene psiquis por sí mismo, podemos decir, de otra manera, que en su actuar es permanentemente contradictorio, y por tanto se hace prácticamente irrealizable un análisis que se encuadre dentro de un Estado de Derecho. En efecto, el Estado, a través de sus diferentes órganos, por medio de un sin números de normativas, actos, resoluciones, dictámenes, fallos, etc., parece desatender su vocación de servicio para con la persona humana, desconociendo los deberes a los cuales lo obliga la Constitución Política, particularmente aquellos deberes que limitan el ejercicio del poder soberano, aquellos que derivan precisamente de los derechos fundamentales. ¿Acaso no son personas los habitantes de las comunas de Puchuncaví- Quintero?
Pues bien, ahora, me permito continuar y comentar lo que para quienes habíamos participado de alguna manera en este conflicto era evidente. Efectivamente la conducta del gobierno era delirante, pues claro los movimientos venían directamente desde el gigante del Norte, que para variar hacía y deshacía con nosotros los del sur. El Estado cual títere acomodaba sus normas para que calzaran con los intereses de la multinacional AES Gener, en palabras del otrora gobierno prioridad era cautelar el clima de inversiones , lo que en sí mismo nada de malo tiene, el problema era a qué costo, o más bien a costa de quienes.
Respecto a la pregunta ¿A qué costo?, bueno podría hacerse un análisis muchísimo más extenso y profundo, problemas respecto a la seguridad interior del Estado (valor tan resguardado en el discurso), a la soberanía nacional, al respeto a los poderes del Estado, al ordenamiento jurídico, al abuso de derecho, al Estado de Derecho en sí mismo. Elementos todos no de poca importancia, fundamentos elementales, pero que a éstas alturas poco me importan. No por haberme convertido en anárquica sino por la falsead que contienen aún en los doscientos años de independencia. Lo que me preocupa y ocupa es el “a costa de quienes”, pues lo evidenciado tras la publicación de los cables de Wikileaks es la enorme impunidad en la que viven quienes deciden desde sus escritorios la muerte de las personas que habitan en los alrededores de el Complejo Industrial Ventana.
Pues sí, el juicio es duro, pero qué menos puede uno pensar, si es que es el Estado que se encuentra obligado a respetar y garantizar los derechos fundamentales de los SERES HUMANOS, se muestra servil a inversiones internacionales, qué sentido tiene hablar de la responsabilidad común de todos los países (desarrollados y no) por alcanzar otro tipo de crecimiento social y ambientalmente más respetuoso, si es que la práctica de atropello internacional sigue viva. Lo cierto es que la Administración del Estado chileno (en términos amplios) ha decidido no proteger la vida de los habitantes de Puchuncaví-Quintero, ha tomado la decisión política de invisibilizar la enorme injusticia ambiental en la que están sumidas estas comunidades desde hace ya cinco décadas.
El Estado carente de sustancia se pronuncia delirante, declara la Zona como Saturada; aprueba nuevos proyectos; la Corte Suprema paraliza Campiche; el ejecutivo modifica la norma para que su emplazamiento sea legal; se dirige a Ventanas para anunciar la nueva norma para termoeléctricas; el Municipio interpone recurso de protección, sin embargo firma protocolo de acuerdo para contar con infraestructura y un consultorio; decide mantener silencio por tres meses de la espantosa contaminación de la Escuela de La Greda; la ex CONAMA aprueba Fondos de Protección Ambiental, certifica ambientalmente la misma Escuela de La Greda; el plan de seguimiento del 2010 a la Zona Saturada dice haber cumplido sus objetivos sin perjuicio de evidenciarse un deterioro progresivo en el recurso aire; aparecen tres Ministros para que se vea el trabajo in situ tras una crisis desatada por la emanación de una nube tóxica; la Corte de Apelaciones de Valparaíso paraliza la Refinería de Cobre para revocar su decisión 23 horas después; se decide el cierre de la escuela, su posterior reapertura temporal; se firma protocolo con la Asociación de Empresas.....y así todas las semanas bajo las etiquetas de Puchuncaví, Quintero, Campiche, La Greda, Ventanas, Los Maitenes aparecen informaciones que dan cuenta de lo que nadie ha querido ver... que han condenado a muerte a estas comunidades.
Notas: Para una revisión de lo ocurrido con la termoeléctrica Campiche hasta octubre
http://issuu.com/pinac/docs/termoel_ctrica_campiche-_exlusi_n_de_la_ciudadan_a